Acusan a cuatro personas y una empresa por descargar contaminantes a aguas de Puerto Rico

Cuatro empleados de una planta de procesamiento de carne y la misma empresa fueron acusados por presuntamente conspirar para violar la Ley de Agua Limpia y descargar contaminantes en Naguabo, informaron este miércoles las autoridades federales en la isla.

Los acusados fueron identificados por la Fiscalía federal en San Juan en un comunicado como César P. Borges Arroyo, Neftalí Borges Gómez, Erison Delgado Santos, Héctor Fulgencio Cabrera y la compañía Ganaderos Borges Inc (GBI), que opera un matadero y una planta de procesamiento de carne.

"Alegamos que esta planta de procesamiento de carne y al menos cuatro de sus empleados conspiraron para bombear carne, sangre y heces de animales a un arroyo que desemboca en el océano y en una playa pública", dijo el fiscal general Adam Gustafson, de la División de Energía y Recursos Naturales de Justicia de EEUU, en la nota.

"La conducta alegada aquí sacrifica la salud pública en aras del beneficio económico, y constituye un delito. El Departamento de Justicia hará responsables a los infractores", afirmó.

Según explicaron las autoridades, la compañía contaba con animales vivos para sacrificarlos y desangrarlos.

No obstante, de acuerdo con la acusación formal, los acusados conspiraron en beneficio de GBI para descargar deliberadamente un contaminante en la playa Tropical Beach, en Naguabo, a solo millas de reservas naturales, playas y una base militar, violando la Ley de Agua Limpia.

Así, entre agosto de 2018 y hasta al menos septiembre de 2025, el presidente de GBI, Borges Arroyo, y el operador de GBI, Borges Gómez, ordenaron a empleados, incluidos, entre otros, Delgado Santos y Fulgencio Cabrera, descargar los residuos líquidos hacia un arroyo adyacente.

Esto lo hicieron utilizando una bomba sumergible colocada en la laguna de retención de residuos y conectada a una manguera, intentando evitar millones de dólares en costos anuales de eliminación de residuos.

Igualmente, GBI generaba residuos de diversos procesos realizados en el lugar, incluidos la recepción de animales, el sacrificio, la extracción de pieles, el faenado y la limpieza.

Los residuos incluían sangre, pelo, tejidos y heces de animales, así como grasa, aguas residuales, desinfectante y otros líquidos utilizados dentro del matadero y las áreas de procesamiento de GBI.

Los residuos mezclados fluían desde las instalaciones hasta una tubería de descarga que desembocaba en un área de retención de residuos ubicada en la esquina suroeste de la propiedad de GBI.

Y aunque GBI contaba con un permiso de tratamiento de aguas residuales sin descarga que exigía que los residuos líquidos fueran transportados desde las instalaciones hasta una instalación de eliminación, en ningún momento se permitió descargar residuos en el lugar ni en ningún otro cuerpo de agua.

Su permiso expiró el 31 de julio de 2019, y continuaron violando la Ley de Agua Limpia hasta al menos septiembre de 2025.

Para ocultar la descarga ilegal de residuos, los acusados escondían la bomba sumergible y la manguera cuando no estaban en uso, y proporcionaron declaraciones y documentos falsos y engañosos a las autoridades para ocultar las actividades ilegales.

Si son declarados culpables, enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión y 250.000 dólares en multas por cada cargo.

GBI enfrenta una pena máxima de 500.000 dólares en multas por cada cargo.