Agencias del Gobierno se oponen en el Senado al megaproyecto Esencia

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, presidida por Thomas Rivera Schatz, celebró una vista pública para examinar el desarrollo turístico-residencial Esencia —propuesto para el sector Los Pozos en Cabo Rojo— bajo las Resoluciones del Senado 9 y 459. Durante el proceso, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) presentaron serias objeciones a la viabilidad del proyecto debido a la falta de infraestructura de abasto de agua, sumándose al firme rechazo de la Coalición Defiende a Cabo Rojo.

Ante los señalamientos presentados en el informe de la comisión, Rivera Schatz aseguró que el Cuerpo Legislativo no permitirá irregularidades en la evaluación de la documentación. «Si se demuestra con evidencia y con la data que existe algún tipo de ilegalidad, nosotros vamos a confrontar a las agencias; pero necesitamos los datos, aquí no se viene a especular», sentenció el líder senatorial durante la vista pública.

Falta de capacidad hídrica y denuncias ambientales

La representación de la Coalición Defiende a Cabo Rojo —integrada por Güarionex Padilla Marty, Jannette Ramos García y Beatriz Llenín Figueroa— enfatizó que el suroeste padece una escasez histórica de agua. Según detalló Padilla Marty con base en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en diciembre de 2025, el proyecto requeriría 1.5 millones de galones diarios, lo que equivale al 34% del suministro potable total de Cabo Rojo.

El colectivo alertó sobre los siguientes puntos críticos expuestos en la audiencia:

Insuficiencia de pruebas temporales: Exigieron un balance hídrico completo y estudios hidrogeológicos independientes a largo plazo, advirtiendo que una prueba de bombeo de 24 horas no garantiza la sostenibilidad del recurso por décadas.
Riesgos de contaminación y uso del suelo: Citando al ecólogo Héctor Quintero Vilella, señalaron como falsa la premisa de «bajo impacto», dado que el 80% del área verde permeable contempla campos de golf. Asimismo, advirtieron sobre posibles rasgos kársticos en los terrenos de Peñones de Melones que podrían canalizar contaminantes hacia el acuífero subterráneo.
Vicios en el proceso permisivo: Denunciaron que la OGPe aprobó la Consulta de Ubicación el 31 de julio de 2026 sin realizar vistas públicas, ignorando más de mil solicitudes ciudadanas.

La intervención de la organización concluyó con el consignado reclamo: «El agua, el bosque, la playa, nuestra gente y una vida y economía verdaderamente sostenibles, sí van. ¡Esencia no va!».

Postura técnica de las agencias gubernamentales

Las corporaciones públicas citadas coincidieron en que los sistemas actuales carecen del margen para suplir el volumen exigido por las 530 unidades hoteleras y 1,132 residencias proyectadas:

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA): La ingeniera Ann Ventura confirmó que la Planta de Filtración Betances y el Sistema de Lajas Urbano no poseen capacidad para absorber los 1,252,806 galones diarios previstos. Aunque el Sistema de Mayagüez Urbano cuenta con capacidad residual, requeriría infraestructura adicional de transporte.
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE): La licenciada Fabiola Rosa Roldán precisó que el sistema de riego del Valle de Lajas opera a su capacidad límite de 23.68 millones de galones diarios (repartidos entre la agricultura y la AAA). Aclaró que el sistema no puede servir de respaldo y recomendó evaluar opciones independientes como la desalinización de agua de mar.
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR): El licenciado Raúl Márquez aclaró que su endoso condicionado de junio de 2025 no constituye un permiso de agua y subrayó que la agencia no apoyará un proyecto carente de servicio hídrico. Además, cuestionó el diseño predominantemente residencial, sugiriendo reducir dicha escala y condicionar la primera fase a la construcción simultánea de los hoteles Mandarin Oriental y Aman.

El senador independiente Eliezer Molina Pérez reaccionó a las ponencias cuestionando la actuación del ente regulador: «Por primera vez en mi vida veo que la OGPe otorga unos permisos mientras todas las agencias del gobierno se oponen».

Alcance de la investigación senatorial

El análisis legislativo se fundamenta en dos medidas interconectadas:

Resolución del Senado 9: Radicada por los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa (PIP), investiga la veracidad de la información sometida por Cabo Rojo Land Acquisition, el manejo gubernamental de los datos y la congruencia del proyecto con la infraestructura y la comunidad.
Resolución del Senado 459: Impulsada por el senador Molina Pérez, insta a una evaluación técnica sobre la capacidad real del sistema de agua en Cabo Rojo y municipios limítrofes, el impacto en el canal de riego, los riesgos de salinización en los acuíferos y el estado operacional de la Central Hidroeléctrica Yauco II.

La presidencia de la comisión confirmó que los trabajos legislativos continuarán con la citación de nuevos deponentes. A la sesión asistieron también el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago y los legisladores Juan Oscar Morales, Héctor Joaquín Sánchez y Jeison Rosa Ramos.