El Supremo avala la tributación de lucro de filiales de empresas brasileñas en el exterior

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se pronunció este jueves a favor de que las empresas brasileñas paguen impuestos en el país por los beneficios obtenidos por sus filiales controladas en el exterior, incluso cuando estas están radicadas en países que tienen tratados con Brasil para evitar la doble tributación.

La decisión se produjo en medio de un proceso específico que enfrenta al Gobierno brasileño con la empresa Vale y que analiza el cobro del impuesto sobre la renta en Brasil sobre las ganancias obtenidas por tres empresas controladas por la minera en Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo.

Aunque el caso concreto se refiere a Vale, el fallo tiene una relevancia que trasciende a la minera y puede convertirse en un precedente para otras multinacionales brasileñas involucradas en disputas similares.

El proceso no tiene repercusión general, pero puede contribuir a unificar la interpretación judicial sobre la tributación de beneficios obtenidos por empresas controladas en otros países.

El juicio se desarrolla en el pleno virtual del Supremo y concluirá este viernes, pero, a falta de un solo voto, ya hay una amplia mayoría de los magistrados a favor de la posición del Gobierno.

El único magistrado que falta por votar es el presidente de la Corte Suprema, Edson Fachin, por lo que la decisión definitiva aún no se ha formalizado, pero seis de los diez miembros del tribunal ya se pronunciaron a favor del Ejecutivo brasileño.

Para la mayoría de los magistrados, los tratados internacionales contra la doble tributación no impiden el cobro de los impuestos en este caso, ya que el beneficio obtenido por las filiales extranjeras genera un incremento patrimonial para la empresa brasileña antes incluso de que los dividendos sean distribuidos.

De acuerdo con la tesis mayoritaria, Brasil no está gravando directamente los beneficios de las empresas extranjeras, sino el incremento patrimonial registrado por la compañía brasileña como consecuencia de su participación en esas sociedades.

Una derrota habría representado un duro revés para el Gobierno, que calcula en 22.000 millones de reales (unos 4.261,4 millones de dólares) el valor que tendría que devolver por los impuestos ya pagados por Vale en los últimos cinco años.