Establecimientos residenciales serán prioridad en obtener servicios básicos tras desastres

La gobernadora Jenniffer González informó este martes que firmó cuatro nuevas leyes, entre ellas, una para que los establecimientos residenciales licenciados y supervisados por el Departamento de la Familia reciban atención prioritaria en la restauración de servicios básicos tras una emergencia o desastre.

Así, según se explicó en un comunicado, la gobernadora convirtió en la Ley 166-2026 el Proyecto de la Cámara 834, de la autoría del representante Pedro Santiago, y establecer la "Ley de Prioridad en el Restablecimiento de Servicios Esenciales para los Establecimientos Residenciales".

La ley reconoce que la interrupción prolongada de servicios esenciales puede comprometer la seguridad, la salud, la alimentación, la continuidad de tratamientos médicos y terapias, así como la capacidad de estos centros para mantener condiciones adecuadas de cuidado y comunicación durante eventos de emergencia.

Asimismo, la gobernadora estampó su firma en la Ley 167-2026, con el propósito de que los municipios adquieran propiedades inmuebles rematadas por deudas contributivas antes de que estas sean transferidas a otras agencias del Gobierno.

La nueva legislación enmienda el Artículo 7.080 de la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales notifique al municipio donde ubique la propiedad rematada, permitiéndole evaluar su adquisición para el desarrollo de proyectos de interés público.

La medida busca ofrecer a los Municipios una herramienta adicional para atender el problema de las propiedades abandonadas o en deterioro, promoviendo su reutilización para iniciativas de desarrollo económico, vivienda, infraestructura pública y otros proyectos que beneficien directamente a las comunidades.

La gobernadora también hizo ley el Proyecto de la Cámara 609, una medida dirigida a modernizar y agilizar el funcionamiento de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras mediante la actualización de sus procesos administrativos y de toma de decisiones.

La legislación dispone que la Junta podrá adoptar decisiones mediante consentimiento escrito, sin necesidad de celebrar reuniones presenciales, siempre que dicho consentimiento forme parte de las actas oficiales de la corporación.

Estas herramientas permitirán una gestión más ágil y acorde con las necesidades administrativas del gobierno moderno.

Por último, González convirtió en la Ley 168-2026 el Proyecto del Senado 60, con el fin de actualizar la Ley Notarial de Puerto Rico para corregir los requisitos en la planilla sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles y eliminar cargas administrativas innecesarias para los ciudadanos.

La nueva legislación elimina disposiciones que requerían incluir una tasación profesional, un plano de mensura y un estudio de título como parte de la planilla informativa, restableciendo el lenguaje vigente previo a la aprobación de la Ley 52-2022.

Además, modifica el requisito relacionado con el valor de la transacción, sustituyendo el concepto de "precio de la tasación" por "precio o valor de la transacción", reconociendo que no todas las compraventas de bienes inmuebles requieren una tasación formal, particularmente cuando las partes acuerdan libremente el valor de la propiedad.