Gobernadora firma ley que refuerza protección de fondos públicos

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el miércoles varias leyes y resoluciones, dirigidas a la protección de los fondos públicos, la mejora de la movilidad y el apoyo a los municipios de la isla.

Entre las medidas destaca la Ley 176-2026, que modifica la Ley 154-2018 para ampliar la definición de reclamaciones fraudulentas contra programas, contratos y servicios del Gobierno. Esta reforma especifica que también serán sancionados los intentos de evadir o reducir el pago o transferencia de dinero y propiedad al Estado, alineando la legislación local con el False Claims Act federal y reforzando la protección de los recursos públicos.

En reconocimiento a figuras emblemáticas, la gobernadora aprobó la Resolución de la Cámara 54-2026, que designa un tramo de la carretera PR-185 en Canóvanas con el nombre de Norman H. Dávila, destacado narrador de carreras y referente de la hípica puertorriqueña. El Departamento de Transportación y Obras Públicas, junto a la Autoridad de Carreteras, dispondrán de 30 días para instalar la rotulación correspondiente.

La Resolución Conjunta 55-2026 también fue convertida en ley, ordenando a la Autoridad de Carreteras realizar un estudio técnico, social y económico sobre la posibilidad de construir una ciclovía en la avenida Ana G. Méndez (carretera PR-176), en Cupey. El objetivo es fomentar alternativas de movilidad segura y sostenible para los ciudadanos.

Por último, González Colón firmó las Resoluciones Conjuntas 56-2026 y 57-2026, que asignan cerca de $9.46 millones a municipios de Puerto Rico. Cada resolución distribuye unos $4.73 millones, procedentes de los ingresos generados por las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Los fondos podrán destinarse a operaciones municipales, servicios esenciales, infraestructura, mejoras permanentes, rehabilitación de instalaciones públicas y recreativas, proyectos de desarrollo económico y otras necesidades comunitarias.

La administración subrayó que estos recursos buscan fortalecer los servicios municipales y canalizar fondos ya recaudados hacia proyectos que impacten directamente a las comunidades. Con estas iniciativas, el Gobierno de Puerto Rico reafirma su compromiso con el bienestar social, la transparencia y el desarrollo sostenible.