HRW insta a Japón a derogar la ley que criminaliza la profanación de su bandera nacional

La organización Human Rights Watch (HRW) instó este miércoles a las autoridades japonesas a derogar "de inmediato" una ley, aprobada la semana pasada, que criminaliza la profanación de su bandera nacional, alegando que constituye una violación del derecho a la libertad de expresión.

"La ley japonesa contra la profanación de la bandera supone una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión. Al menoscabar este derecho fundamental, la ley transmite un mensaje que pone en riesgo las libertades básicas de todos", declaró el responsable para Asia de HRW, Teppei Kasai.

Esta norma, apuntó Kasai, proporciona a las autoridades japonesas "una herramienta perfecta para silenciar las protestas contra el Estado", por lo que pidió al Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi que "derogue esta ley y demuestre al mundo que la democracia japonesa es lo suficientemente fuerte como para tolerar la disidencia".

Sus declaraciones llegan después de que el viernes pasado el Parlamento japonés diera la aprobación final a una ley que establece multas de hasta 200.000 yenes (unos 1.080 euros) o una pena de prisión de hasta dos años para quienes "dañen, retiren o profanen públicamente la bandera nacional" y provoquen en otras personas "un sentimiento de incomodidad o repugnancia notables".

El texto no solo recibió críticas de la oposición, como el Partido Democrático Constitucional, que calificó la norma de "diabólica" y "extremadamente peligrosa y perjudicial", sino de expertos que consideran que la normativa podría fomentar la impunidad frente a acciones contrarias al Gobierno.

HRW recordó que Japón forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión y limita las restricciones legales para proteger el orden público o la seguridad nacional siempre y cuando aseguren "el respeto a los derechos de los demás".

En este contexto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aclaró que ofender el sentimiento patriótico o expresar discursos considerados "profundamente ofensivos" no justifica un castigo penal, puesto que los Estados partes no deben prohibir las críticas a instituciones.