Junta de Planificación medirá impacto de la sequía

La Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) anunció que realizará un estudio para cuantificar el impacto económico de la sequía actual en los distintos sectores de la economía. La información recopilada permitirá al Gobierno contar con datos para documentar el alcance de los daños y apoyar la evaluación y desarrollo de iniciativas de asistencia pública, reclamaciones, incentivos y otras gestiones dirigidas a mitigar los efectos económicos de la emergencia, y apoyar la recuperación de los sectores afectados.

El estudio también generará información que contribuirá al desarrollo de política pública, la planificación y la toma de decisiones gubernamentales ante este tipo de eventos.

La iniciativa forma parte de las acciones ante la emergencia declarada mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón.

“El objetivo del estudio es contar con datos directos y verificables que nos permitan determinar con la mayor precisión posible el alcance real de la sequía sobre nuestra economía. Esta información es necesaria no solo para medir las pérdidas, sino también para que el Gobierno pueda contar con una base objetiva al momento de evaluar iniciativas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras medidas dirigidas a mitigar los daños y apoyar la recuperación económica”, expresó el presidente de la Junta de Planificación, licenciado Héctor Morales Martínez.

Como parte del estudio, el Programa de Planificación Económica y Social de la JP enviará esta semana cuestionarios a agencias, municipios y otras entidades del sector público, así como a empresas y organizaciones del sector privado, para recopilar información directamente de los sectores afectados. La JP exhortó a las entidades que reciban el cuestionario a participar y proveer la información solicitada, ya que sus respuestas serán fundamentales para contar con datos precisos y representativos del impacto real de la sequía sobre la economía de Puerto Rico.

Los cuestionarios permitirán identificar y cuantificar pérdidas económicas e ingresos dejados de generar, costos adicionales, interrupciones operacionales, daños, efectos sobre el empleo, gastos de mitigación y asistencia recibida. Esta información permitirá construir un panorama más completo de las consecuencias económicas de la sequía y documentar las necesidades de los distintos sectores.

La Junta de Planificación cuenta con experiencia en la evaluación de los efectos económicos de periodos de sequía. Los eventos de 1994–1995 y 2014–2015 demostraron que su impacto puede extenderse más allá de las pérdidas directas de producción y generar consecuencias en múltiples sectores de la economía.

Durante la sequía de 1994–1995, la agricultura registró pérdidas estimadas en $93.9 millones durante el año fiscal 1994 y otros $100 millones durante el primer trimestre del año fiscal 1995.

El impacto también se reflejó en la actividad económica general. La JP estimó una reducción del Producto Bruto, a precios corrientes, de $65.7 millones, equivalente al 0.25 %, durante el año fiscal 1993–1994, y de $140 millones, o 0.50 %, durante 1994–1995. En términos reales, las reducciones estimadas alcanzaron $13.1 millones y $35.4 millones, respectivamente.

La sequía de 2014–2015, por su parte, presentó un impacto más diversificado entre los sectores económicos. La evaluación de la JP estimó $23 millones en daños económicos, cifra que se ajustó a $22.7 millones al considerar los ingresos recibidos por los agricultores.

De ese impacto, $13.8 millones correspondieron a la agricultura; $3.9 millones a manufactura; $2.8 millones al sector de servicios; y $2.5 millones al gobierno. En manufactura se identificaron, además, $3.4 millones en gastos adicionales y aproximadamente $500,000 en ingresos dejados de generar.

La experiencia de 2014–2015 también evidenció interrupciones en operaciones y servicios públicos, confirmando que el costo económico de una sequía no se limita a las pérdidas de producción, sino que incluye gastos extraordinarios, reducción de ingresos y efectos sobre la continuidad de las operaciones.

“Las experiencias anteriores nos ofrecen un punto de referencia importante, pero cada evento presenta condiciones distintas. Por eso necesitamos conocer directamente cómo esta sequía está afectando las operaciones, los sectores productivos y el empleo. Exhortamos a todas las entidades que reciban nuestros cuestionarios a responderlos. Su participación es indispensable para contar con datos precisos y reales que permitan cuantificar los daños, identificar las necesidades y respaldar las gestiones gubernamentales dirigidas a atender los efectos de esta emergencia”, añadió Morales Martínez.

Los resultados permitirán a la Junta de Planificación producir una estimación sustentada del impacto económico de la sequía de 2026. Esta información servirá como herramienta para la toma de decisiones del Gobierno, particularmente en la evaluación de medidas de asistencia y recuperación, reclamaciones, incentivos y otras iniciativas para mitigar los daños económicos, además de contribuir a la planificación y al desarrollo de política pública ante futuros períodos de sequía.