Justicia no tendrá que entregar información solicitada por senador Luis Javier Hernández

El Tribunal de Apelaciones desestimó una acción presentada por el senador popular Luis Javier Hernández relacionada con una petición de información sobre expedientes de investigaciones archivadas por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

Así lo anunció este miércoles la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien explicó que el Apelativo confirmó de esta forma la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Todo comenzó con la presentación de un recurso legal por Hernández a principios de junio, luego de que se archivara una querella contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por la otorgación de un controvertido contrato.

"El Departamento de Justicia ha actuado en todo momento conforme al ordenamiento jurídico y con el debido respeto a la separación de poderes. Rechazamos de plano la insinuación de que en este Departamento se proteja a funcionario alguno", expresó Gómez Torres.

La titular de Justicia denunció en un comunicado que esa es "una alegación seria, hecha sin un solo documento que la sostenga".

"El Departamento de Justicia no tiene nada que ocultar, pero sí tiene el deber legal de proteger la integridad de las investigaciones, así como los derechos y la seguridad de los testigos y las víctimas de delito", agregó.

Gómez Torres reiteró que reconoce la facultad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y reafirmó su disposición de continuar colaborando y proveyendo toda aquella información que, conforme a derecho, pueda ser divulgada sin comprometer investigaciones presentes o futuras ni los derechos de las personas involucradas.

El pasado 3 de junio, el Departamento de Justicia desmintió la alegación del legislador sobre la existencia de casos de corrupción archivados sin investigar, y aclaró que los casos fueron atendidos mediante distintos procesos.

Algunos fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas; otros se remitieron a distintas fiscalías para evaluar posibles elementos de delito que no están bajo la jurisdicción de DIPAC; unos se encuentran bajo evaluación en el área civil para gestionar el posible cobro de dinero; y otros fueron procesados criminalmente ante los tribunales.