Nueva ley fija pena de 2 años a quien sepa o sospeche de abuso sexual contra menor

La gobernadora Jenniffer González anunció este lunes que convirtió en ley cuatro nuevas medidas, incluyendo una que fijará una pena de 2 años a cualquier persona que sepa o sospeche de abuso sexual contra un menor, incumplan con su obligación legal de informar a las autoridades.

La Ley 164-2026, según se explicó en un comunicado, fortalece la protección de los menores al establecer penalidades más severas para quienes, teniendo conocimiento o sospecha de abuso sexual contra un menor, ignoren reportarlo a las agencias de seguridad.

Además, la ley establece una pena fija de 3 años para quienes suministren información falsa o induzcan a otros a hacerlo.

La gobernadora, a su vez, oficializó la Ley 162-2026, que fortalece las protecciones contra el acoso y el hostigamiento sexual en el deporte.

La nueva legislación enmienda la Ley 133-2024, conocida como la "Ley para la Prevención y Protección Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual en el Deporte en Puerto Rico", con el propósito de ampliar su alcance y garantizar un entorno deportivo más seguro, respetuoso y libre de violencia para todos los atletas.

Entre los principales cambios de la Ley 162-2026 está la incorporación de una definición clara de entidad deportiva, para incluir clubes deportivos, organizaciones, ligas, federaciones y centros recreativos, tanto gubernamentales como privados, que tengan bajo su responsabilidad atletas que participen en eventos recreativos, deportivos o educativos.

Asimismo, se actualiza la definición de acoso y hostigamiento para abarcar conductas físicas, psicológicas, cibernéticas y sociales que afecten la seguridad y dignidad de los atletas.

Además, dispone que las entidades deportivas responderán por estos actos cuando ellas, sus agentes o supervisores conocían o debían conocer sobre la conducta y no actuaron de manera inmediata y adecuada para detenerla.

La responsabilidad también aplicará cuando el hostigamiento sea cometido por terceros ajenos a la organización, siempre que la entidad tenga conocimiento de la situación y omita tomar las medidas correctivas correspondientes.

Por otra parte, la gobernadora también firmó la Ley 163-2026, que actualiza la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen para responder a los avances tecnológicos y la proliferación de herramientas capaces de generar o alterar digitalmente la apariencia, la voz, los gestos, los movimientos y otros atributos identificables de una persona.

La legislación amplía la protección jurídica frente al uso no autorizado de representaciones audiovisuales, auditivas y multimedia, incluyendo aquellas creadas, clonadas, simuladas o alteradas mediante nuevas tecnologías.

Finalmente, la gobernadora firmó la Ley 161-2026, que enmienda el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico y la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para agilizar el proceso de coordinación de beneficios entre planes médicos cuando un paciente cuenta con más de una cubierta de salud.

La nueva legislación establece que la responsabilidad de coordinar esos beneficios será compartida entre las aseguradoras, sus intermediarios y los proveedores participantes.

Además, fija un término máximo de 30 días para completar el proceso de coordinación de beneficios.