Víctimas de violencia estatal de Perú desconfían del llamado de Fujimori a reconciliación

Familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos en Perú afirmaron este martes en rueda de prensa que la presidenta electa, Keiko Fujimori, no puede hablar de reconciliación nacional hasta que no se busque a los desaparecidos

La convocatoria estuvo a cargo de familiares y víctimas del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), además de los fallecidos por la represión de protestas entre 2020 y 2025. Reafirmaron su compromiso con la memoria y volvieron a pedir justicia.

"La promesa de 'gobernar como su padre' constituye una amenaza de retorno a un régimen autoritario y corrupto que utilizó el aparato estatal para cometer graves violaciones de derechos humanos. Se trata de crímenes por los que Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana y cuya memoria el país no puede ni debe olvidar", señaló el documento firmado por víctimas y asociaciones de derechos humanos.

Al recoger sus credenciales de presidenta electa la semana pasada, Fujimori invocó en su discurso a una reconciliación nacional en su nuevo mandato.

"No queremos que este proceso necesario en nuestro país se convierta en una burla por parte de quienes no han asumido la responsabilidad de sus delitos, quienes han dañado a nuestras familias, quienes no piden perdón no pueden pronunciar esa palabra de reconciliación. Eso no es posible", indicó Gisela Ortiz, hermana de uno de los asesinados en la masacre de La Cantuta en 1992, a cargo del grupo paramilitar Colina.

Ortiz sostuvo que el mensaje de Fujimori es incoherente porque llama a una reconciliación cuando su partido ha impulsado leyes de amnistía a militares y policías que violaron derechos humanos en las décadas de los años 80 y 90.

"La reconciliación no puede ser solo un discurso. La reconciliación tendría que ser una práctica del Estado y esa es una exigencia de los familiares desde siempre", dijo Ortiz al añadir que, en primer lugar, se debería buscar a los 19.000 peruanos que aún están desaparecidos como parte del conflicto armado interno (1980-2000) contra los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Los familiares expusieron que no es posible construir una democracia donde "se imponga el silencio", pues la justicia es un pilar básico que debe sostener el sistema y que aún "está lejos" para ellos tras años, e incluso décadas, de búsqueda de sentencias contra quienes mataron a sus allegados.

En medio de la desconfianza, la asociación de víctimas de las protestas antigubernamentales, sucedidas tras la destitución y encarcelamiento del izquierdista presidente Pedro Castillo, convocó una marcha el 28 de julio, día en el que Fujimori asumirá como presidenta, a la que dijo no van a reconocer al considerarle ilegítima.

"Acá estamos los familiares para decirle a Keiko Fujimoi que su gobierno no es legítimo y le haremos frente a este gobierno dictador que intenta la impunidad cuando hay pruebas suficientes para que los culpables paguen", indicó la principal vocera de la organización, Milagros Samillán, cuyo hermano fue asesinado en la localidad sureña de Juliaca mientras auxiliaba a los heridos de una protesta en 2023.